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Movilidad eléctrica y nueva Ley de cambio climático y transición energética

Tras conocer el contenido de la nueva Ley de Cambio climático en nuestro país, y a falta del visto bueno del Senado, previsiblemente será aprobada en el próximo mes de mayo. Vamos a echar un vistazo a sus principales cometidos.

Después de años de retrasos para un avance necesario en materia de cambio climático, esta nueva Ley significará dar un paso hacia adelante para cumplir con los compromisos internacionales, y conseguir así el objetivo de neutralidad climática antes del año 2050.
Para ello, el ejecutivo prevé una inversión de más de 200.000€ en la década de 2021-2030. También sostiene que el empleo crecerá entre 250.000 y 350.000 personas al final del período.

Para cumplir con el Acuerdo de París, de cara al 2030 se establecen 3 metas:

  • Reducir un mínimo del 23% los gases de efecto invernadero respecto al año 1990.
  • Alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final de un 42%, frente cerca del 20% actual.
  • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable frente al 40% de este momento.

Movilidad

Como podemos apreciar en el gráfico sobre los datos del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico de 2019, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte. La ley aprobada este jueves intenta dar relevancia a la tendencia de cambio en la movilidad hacia el vehículo eléctrico. Estas son algunas de las medidas sobre movilidad:

  • Lograr en 2050 “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂“ . Para ello, a más tardar en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO₂.
  • Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. Y solo se podrán revertir con un informe favorable del Gobierno autonómico. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.

La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios y aparcamientos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el Miteco elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles para los conductores, y se canalizarán los fondos europeos de recuperación para incentivar la instalación de infraestructura de recarga.

Promoverá la utilización de combustibles alternativos en el transporte, con “especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”. También se creará una nueva Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.

En cuanto al sector eléctrico, representa en estos momentos algo menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. La ley fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.
La ley contempla también medidas en cuanto a eficiencia energética, para la rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Las administraciones aprobarán incentivos para la introducción de energías renovables, para impulsar el autoconsumo y el uso de materiales con menor huella de carbono y mejoras en accesibilidad.

Supervisión en empresas

Las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos”.
El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también tendrán que presentar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema. Además, las grandes empresas deberán “elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” cada cinco años.

Como vemos, en los próximos años por fin veremos cambios reales en todos los ámbitos de nuestro día a día, todos enfocados a construir un futuro más sostenible. En Smart Mobility Systems estamos encantados de adelantarnos al tiempo y en condiciones de formar parte de este cambio, ofreciendo todo tipo de soluciones en movilidad eléctrica, además de dar un servicio integral a medida de cualquier necesidad del cliente, tanto de particulares como empresas. Además te asesoramos en las diferentes subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos.

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